RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES
El presidente Juan Manuel Santos, que inició su período de gobierno el 7 de agosto de 2010, tiene la oportunidad de poner fin al prologando conflicto armado de Colombia basándose en la estrategia que durante ocho años siguió su antecesor pero a la vez ajustándola e ampliándola sustancialmente. El enfoque predominantemente militar de Álvaro Uribe –la “política de seguridad democrática”– logró avances importantes en materia de seguridad, pero Colombia sigue acosada por nuevos grupos armados ilegales y otros actores criminales. Por concentrarse sobre todo en combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el gobierno anterior no prestó suficiente atención a otras fuentes de violencia y, lo que es más importante, no abordó las causas subyacentes del conflicto. Santos, quien fue elegido por el mayor número de votos en la historia del país, debería aprovechar su capital político para poner en marcha una estrategia de resolución del conflicto más integral que emprenda las reformas institucionales y estructurales indispensables para hacer frente a la ilegalidad y la impunidad, ampliar el acceso a los servicios estatales y enfrentar los problemas relacionados a la tierra y los derechos de las víctimas.
Las FARC y el ELN se han debilitado notoriamente pero no han sido derrotados. Las FARC, que todavía tienen en sus filas entre 8.000 y 10.000 combatientes, se han adaptado parcialmente a la fuerte presión militar y han establecido alianzas con los nuevos grupos armados ilegales, lo cual ha expuesto a la población civil desprotegida –en especial las comunidades indígenas y afrocolombianas– a una situación de violencia cada vez más aguda. Las fuerzas armadas han visto menoscabada su reputación por haber sido acusadas de miles de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH), debidas en parte a la obsesiva búsqueda de éxitos militares. Con las relaciones diplomáticas con Venezuela en el punto más bajo, el gobierno de Uribe no pudo controlar los movimientos transfronterizos de drogas, armas y grupos armados ilegales. Pese a las costosas iniciativas emprendidas contra el negocio de la droga, Colombia tiene el mayor número de hectáreas de cultivos de coca en el mundo y responde por un porcentaje sustancial de la producción mundial de cocaína.
El gobierno de Uribe intentó consolidar los logros en materia de seguridad ampliando y fortaleciendo la presencia de las instituciones estatales en zonas que anteriormente estaban dominadas por los insurgentes y produjo algunos resultados iniciales positivos en dos regiones piloto. Sin embargo, los éxitos obtenidos se ven opacados por las persistentes amenazas de diversos grupos armados ilegales y por una desconfianza en las autoridades que impiden que los habitantes de esas zonas se arriesguen a participar abiertamente en programas estatales. Las iniciativas de consolidación también se han visto afectadas por un marco jurídicamente débil y financieramente incierto; una coordinación deficiente de las funciones militares y civiles; demoras y problemas en la restitución de tierras a las víctimas del conflicto; y el acceso limitado de los ciudadanos afectados por la violencia a oportunidades de generación de ingresos por vías legales. Las víctimas y las organizaciones que las defienden sufren amenazas de muerte, en tanto que la aplicación del marco de justicia transicional se ha caracterizado por la lentitud en establecer la verdad detrás de los crímenes atroces, judicializar a los responsables y dar una reparación integral a las víctimas.
Santos fue el ministro de Defensa de Uribe y se espera que siga ejerciendo presión militar sobre los insurgentes. Sin embargo, también debería corregir las fallas de las políticas de su antecesor y poner en marcha reformas esenciales. Los aspectos militares y de aplicación coercitiva de la ley deberían respetar plenamente los derechos humanos y el DIH. Simultáneamente el presidente debería aplicar una estrategia de seguridad ciudadana integral tanto en las zonas rurales como en las urbanas, que aborde amenazas como la expansión de los nuevos grupos armados ilegales, el tráfico interno de estupefacientes y la violencia contra las víctimas. Se requieren reformas para hacer frente a los persistentes problemas de corrupción, impunidad e influencia de intereses criminales en la política y el gobierno, con el fin de expandir el estado de derecho y, por consiguiente, dar mayor legitimidad a las instituciones del Estado.
Para avanzar en la política de “prosperidad democrática” que Santos ha anunciado como sucesora de la política de Uribe, el presidente debería ampliar el acceso a los servicios públicos y a programas de desarrollo alternativo y acelerar la restitución de las tierras. Otro desafío importante al que debería hacer frente es la reconstrucción de las relaciones con Venezuela y Ecuador, como prerrequisito para la cooperación en materia de seguridad e inteligencia, y para comprometer a todos los países vecinos en el establecimiento de unos mecanismos de seguridad regional eficaces.
El nuevo presidente ha indicado que está dispuesto a negociar en algún momento con las FARC y el ELN. Es una medida prudente y debería adoptarse activamente, puesto que una victoria militar total sigue siendo improbable. Las propuestas iniciales del nuevo gobierno en lo relativo a cuestiones de tierra, reforma judicial y derechos de las víctimas, entre otras cosas, sugieren que planea trascender el legado de Uribe para dar una respuesta más integral a la amplia gama de problemas que alimentan el conflicto, algo que de todos modos es preciso hacer si se quiere consolidar una paz sostenible.
Poner en marcha reformas esenciales como parte de una agenda integral para la resolución del conflicto será imposible sin una amplia coalición política y social. Algunas condiciones parecen favorables. Con el capital que le aporta su arrollador triunfo electoral, Santos inicia su gobierno con un fuerte apoyo del Congreso, los medios de comunicación y el grueso de la población. Ha demostrado una disposición alentadora a efectuar consultas amplias que ha contribuido a la palpable sensación de luna de miel política en Bogotá y que es esencial para mantener el apoyo necesario. Sin embargo, en la medida en que avance en cuestiones como la tierra, que afecta los intereses particulares de muchos poderes en el Congreso y el país, es probable que enfrente una resistencia que pondrá a prueba tanto su compromiso como su capacidad para llevar a Colombia hacia una nueva era.
RECOMENDACIONES
Al gobierno de Colombia:
1. Garantizar que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH) mediante:
a) la aplicación rigurosa de las normas de los derechos humanos y el DIH;b) el traslado de todos los casos de violaciones de los derechos humanos y el DIH por miembros de las fuerzas militares que incluyan víctimas civiles de los tribunales militares a los ordinarios;c) el fortalecimiento financiero y técnico de las unidades de la fiscalía y la procuraduría responsables de investigar las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos y el DIH; yd) la expedición de un decreto presidencial revisado que reconozca la legitimidad de los defensores de los derechos humanos, ordene que todas las fuerzas de seguridad adopten medidas para protegerlos y prevea consecuencias específicas para las personas y entidades que incumplan.
2. Establecer una política de seguridad ciudadana más eficaz e integral mediante:
a) el mantenimiento de una fuerte presión militar sobre los insurgentes, combinada con la aplicación coercitiva de la ley contra los nuevos grupos armados ilegales, con el apoyo que se requiera de las fuerzas armadas en materia de inteligencia y logística, en el contexto de una estrategia integral de solución del conflicto que utilice eficazmente los nuevos mecanismos para hacer frente a los grupos criminales establecidos en los últimos días del gobierno de Uribe (Decreto 2374);b) la investigación y judicialización de cualquier vínculo de los grupos armados ilegales con las autoridades estatales, incluidas las fuerzas de seguridad;c) el diseño de una estrategia de seguridad ciudadana que ponga énfasis en la prevención del delito tanto a nivel urbano como rural, preste particular atención a los problemas de las comunidades indígenas y afrocolombianas y establezca responsabilidades claras y mecanismos de cooperación entre el ejército y la policía y entre las autoridades nacionales y regionales; yd) el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo; el mejoramiento de la coordinación entre ésta y el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT); la publicación de sus informes de riesgos; y el establecimiento de consecuencias para las personas y entidades que no respondan de manera adecuada.
3. Mejorar la política antinarcóticos mediante:
a) la adjudicación de una mayor ayuda financiera y técnica para iniciativas de desarrollo alternativo;b) la asignación de prioridad a la erradicación manual voluntaria por encima de la erradicación manual forzada o la erradicación aérea; yc) la integración de las medidas de seguridad, erradicación, desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional mediante una mayor coordinación entre las autoridades nacionales y locales.
4. Consolidar la seguridad ampliando los servicios estatales y el estado de derecho en zonas anteriormente dominadas por los insurgentes, incluso mediante:
a) la presencia de la fiscalía, la procuraduría y la defensoría del pueblo en las zonas de consolidación;b) la asignación de un presupuesto específico para el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI); el fortalecimiento de su estatus jurídico; el acceso directo de sus directivos al presidente; y la asignación de un presupuesto específico, relacionado con la consolidación, en todos los ministerios pertinentes;c) la garantía de un liderazgo civil en el diseño y la ejecución de los planes y programas para las zonas de consolidación; yd) el mejoramiento de la coordinación entre el ejército y la policía para que la población esté adecuadamente protegida en todo momento, incluso cuando se esté utilizando la fuerza contra los grupos armados ilegales; y el suministro de capacitación y recursos apropiados a la policía, de modo que pueda defender mejor el estado de derecho contra estos grupos y proteger a la población civil.
5. Luchar contra la corrupción y la influencia delictiva en la política mediante:
a) la continuación de las iniciativas para fortalecer la independencia, la rendición de cuentas y la eficiencia del sistema judicial, incluso con la división del Ministerio del Interior y de Justicia para conformar dos ministerios separados;b) el mejoramiento de la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de control externo e interno de las instituciones estatales en todos los niveles como medida de protección contra la influencia e infiltración de intereses criminales;c) el aumento de recursos pertinentes, incluso en los tribunales especializados responsables de la confiscación de bienes adquiridos como producto del narcotráfico y otras actividades delictivas, y mediante el nombramiento de más jueces y fiscales; yd) el pleno apoyo a las investigaciones judiciales sobre la presunta participación de altos funcionarios públicos en las operaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de la presidencia; la promulgación de una ley para eliminar el DAS; y el establecimiento de un sector de inteligencia coordinado y eficaz, bajo la supervisión del Congreso y del estamento judicial.
6. Hacer valer el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la protección mediante:
a) el logro de la promulgación de leyes, entre ellas la Ley de Tierras y cualesquiera otras medidas complementarias que se requieran, y la asignación de fondos suficientes para su aplicación, con el fin de restituir la tierra a las víctimas y garantizar condiciones de seguridad, oportunidades de desarrollo y asistencia técnica para quienes regresen a sus tierras;b) la adopción de medidas tendientes a impedir que intereses criminales se apropien de la tierra, particularmente en las regiones de La Macarena y Montes de María;c) el fortalecimiento, tanto técnico como financiero, de las Unidades de Justicia y Paz de la fiscalía y de las unidades pertinentes de la procuraduría y la defensoría del pueblo; yd) el logro de la promulgación de la Ley de Víctimas, y la asignación de fondos suficientes para su aplicación, que prevea la reparación integral de todas las víctimas –incluidas las víctimas de abusos estatales– y la participación protegida de las víctimas en los procesos judiciales.
7. Mejorar el programa de desmovilización, desarme y reintegración (DDR), particularmente mediante el fortalecimiento de los componentes relativos al empleo y la adopción de medidas para impedir el reclutamiento de los ex combatientes por los nuevos grupos armados ilegales.
8. Establecer y seguir activamente un mapa de ruta para las negociaciones con las FARC y el ELN con el objeto de poner fin al conflicto sin agravar la impunidad y considerar la mejor manera de aprovechar un posible apoyo de terceros a un proceso de negociación y paz.
9. Buscar el establecimiento de mecanismos de seguridad transfronteriza eficaces, empezando por el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Ecuador y Venezuela y el fortalecimiento de la cooperación regional a través de la UNASUR y la OEA.
A la Corte Suprema de Justicia:
10. Reconocer el daño que implica cualquier aplazamiento adicional y llegar a un rápido acuerdo sobre el nombramiento de un distinguido fiscal general.
Al Congreso:
11. Asignar prioridad al debate y la promulgación de la Ley de Tierras y la Ley de Víctimas;
Al gobierno de los Estados Unidos:
12. Seguir condicionando la ayuda a las fuerzas de seguridad a que se respeten plenamente los derechos humanos y se elimine cualquier vínculo con organizaciones criminales, y evaluar el cumplimiento con mayor rigurosidad, incluso exigiendo progresos en el procesamiento judicial en tribunales civiles de los casos de ejecuciones extrajudiciales en los que hayan participado miembros de las fuerzas de seguridad.
13. Cerciorarse de que los componentes económicos y de gobernanza de la ayuda otorgada a Colombia constituyan no menos de la mitad del total, al tiempo que se incrementan los recursos para el desarrollo de cultivos alternativos, el fortalecimiento institucional y el empoderamiento de las comunidades locales.
14. Anunciar el apoyo a la exploración de negociaciones para poner fin al conflicto, incluida una facilitación por terceras partes si el gobierno de Colombia la solicita.
A la comunidad de donantes:
15. Mantener y fortalecer su presencia mediante:
Bogotá/Bruselas, 13 octubre de 2010a) el apoyo continuo a las instituciones estatales responsables de la Ley de Justicia y Paz y a los derechos de las víctimas, incluido el derecho a recuperar sus tierras;b) la financiación de proyectos que promuevan el desarrollo rural e institucional alternativo, en particular las iniciativas impulsadas por las comunidades;c) la ayuda prioritaria a las iniciativas de consolidación de la seguridad bajo liderazgo civil y a las iniciativas que velan por que las comunidades indígenas y afrocolombianas disfruten de la protección de los derechos que les garantizan la Constitución nacional y los instrumentos internacionales, incluidas consultas previas respecto de los planes de inversión a nivel regional y nacional.
El informe completo en version en Espanol estara disponible dentro de poco, pero para quienes quieran leerlo en Ingles en el siguiente link lo encontraran...
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latin-america/colombia/34%20Colombia%20-%20President%20Santoss%20Conflict%20Resolution%20Opportunity.ashx
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